El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) emitieron una regla final que permite negar asilo a extranjeros que representen amenazas a la seguridad nacional o riesgos significativos para la salud pública, en línea con marcos legales existentes y publicada en el Federal Register. La medida entró en vigor el 31 de diciembre de 2025.
El United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) publicaron una regla final que limita la elegibilidad para recibir asilo o withholding of removal a personas que representen amenazas a la seguridad nacional o a la salud pública. Esta normativa se publicó en el Federal Register y entró en vigor el 31 de diciembre de 2025.
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La regla reconoce que, bajo las leyes migratorias actuales, ciertos individuos pueden ser considerados no elegibles para asilo si su presencia representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, ya sea por motivos de seguridad nacional o por razones relacionadas con la salud pública. En este contexto, la autoridad de DHS y DOJ ahora puede considerar condiciones de salud pública —incluidas aquellas declaradas emergencias— como parte del análisis de riesgo para negar asilo o retener la protección contra deportación.
La regla se refiere a enfermedades transmisibles que representen un riesgo real para la salud pública, especialmente aquellas asociadas a emergencias sanitarias declaradas (como tuberculosis activa u otras enfermedades sujetas a cuarentena federal). No aplica a condiciones crónicas o no contagiosas, como la obesidad, diabetes o hipertensión, ya que estas no representan un riesgo de transmisión a la comunidad.
La implementación de esta regla está alineada con disposiciones legales existentes que históricamente han excluido de asilo a personas condenadas por delitos graves o que representan amenazas de seguridad. La actualización amplía ese marco para incluir circunstancias de salud pública, especialmente cuando estas puedan tener un impacto agudo en la seguridad o bienestar del país.
Al entrar en vigor al finalizar 2025, la regla entrega a oficiales de asilo y jueces de inmigración una herramienta adicional para evaluar riesgos de seguridad y salud al analizar solicitudes de asilo, aunque su aplicación deberá respetar el marco legal vigente y las protecciones establecidas por la ley estadounidense.
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